Pasadas las 10 de la mañana, tal como se había anunciado, y sin la presencia del gobierno este viernes se retomaron las conversaciones de la mesa de diálogo que busca generar un acuerdo para elaborar el itinerario del nuevo proceso constituyente. En la sede del Congreso en Santiago se dieron cita los representantes de los partidos para retomar el trabajo que había sido suspendido debido a que Chile Vamos realizó una serie de exigencias para permanecer en las reuniones.

Y como lo había anunciado Chile Vamos presentó una minuta con los bordes que estima se deben considerar para el nuevo proceso.

El documento de poco más de dos carillas se basa en el principio de que en el nuevo proceso debe haber mayor presencia de la institucionalidad y distancia con lo realizado anteriormente; y que una nueva discusión constitucional debe sostenerse en dos pilares fundamentales: el rechazo absoluto a revivir una experiencia refundacional como lo propuso la convención constitucional y actuar con la convicción de que los poderes constituidos gozan de plena legitimidad institucional no solo para discutir en torno al proceso, sino también para sancionarlo, delinearlo y materializarlo.

A partir de esta convicción la coalición reafirma su compromiso con una buena y nueva Constitución y subraya que sólo será posible elaborar una buena Carta Fundamental si Chile tiene el compromiso del gobierno con las urgencias sociales. Esto último, sostiene el documento, constituye una declaración de principios para el pacto opositor.

El compromiso que exigen del gobierno se debe traducir en una agenda antidelincuencia y que el Presidente visite la macrozona sur como muestra del compromiso con el Estado de Derecho, por un lado; por otra parte, que la discusión constitucional no se traduzca en un paréntesis institucional. Así, exigiremos que el gobierno y sus partidos den garantías de un contexto de certezas y seguridades, durante el proceso.

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Mínimos comunes

Como tercer planteamiento estipulan que una buena Constitución solo será posible si sus principios aseguran un mejor desarrollo del país y no una refundación de Chile, recogiendo lo mejor de nuestra tradición institucional. En este aspecto plantean que el 62% que rechazó el texto de la Convención permite dar por sentado ciertos mínimos comunes, que debiesen ser planteados como principios del proceso constitucional, como la unidad de la nación chilena; la existencia de tres poderes del Estado autónomos e independientes; la existencia de un Congreso bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado.

Asimismo, la protección del derecho a la vida; la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; la protección del medio ambiente; la protección de la propiedad; haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas; la consagración expresa de Carabineros de Chile y las fuerzas de orden, en general, en un título autónomo; la protección del derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional; la protección de un Banco Central autónomo; entre otros, son temas fundamentales para dar seguridad a los chilenos.

El cuarto punto sostiene que para que se elabore una buena Constitución esta deberá descansar en un mecanismo que asegure estabilidad, alejándose de lo realizado antes; articulando adecuadamente el principio de participación ciudadana; la necesidad de la contribución de personas con experiencia; y la legitimidad democrática.

Por último, en el quinto punto proponen constituir a la brevedad un comité técnico-político de delegados, donde en proporción a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, personas con trayectoria en los asuntos públicos e institucionales, puedan reunirse para iniciar un trabajo en dos aspectos: la redacción de una propuesta de principios constitucionales, que deben incorporarse, expresamente, al texto de una futura reforma de los artículos 135 y 142 de la actual Constitución que habilite el proceso; y una propuesta de itinerario que permita ofrecerle a las fuerzas políticas un camino de acuerdo para habilitar, en un horizonte razonable, un plazo, un mecanismo y, posteriormente, el reglamento que guíe el proceso de redacción del nuevo texto constitucional.